“...No obstante, el esfuerzo de los Gobiernos y de otros componentes de la Comunidad internacional debe estar orientado hacia opciones eficaces, conscientes de que la liberación del yugo del hambre es la primera manifestación concreta del derecho a la vida que, a pesar de haber sido proclamado solemnemente, está con frecuencia muy lejos de cumplirse efectivamente…Además, parece que se difunde lamentablemente por doquier la idea de que los alimentos son una mercancía más y, por tanto, sometidos también a movimientos especulativos…Aunque vivimos en una dimensión global, hay signos evidentes de la profunda división entre los que carecen del sustento cotidiano y los que disponen de ingentes recursos, usándolos a menudo con fines ajenos a la alimentación, e, incluso, destruyéndolos. Se confirma así que la globalización hace que nos sintamos más cercanos pero no hermanos…Se trata, en definitiva, de asumir una actitud interior de responsabilidad, capaz de
inspirar un estilo de vida distinto, con la sobriedad necesaria en el comportamiento y el consumo, para favorecer así el bien de la sociedad. Y que valga también para las generaciones futuras, por su sostenibilidad, tutela de los bienes de la creación, distribución de los recursos y, sobre todo, el compromiso concreto por el desarrollo de pueblos y naciones enteras…” (Benedicto XVI, Mensaje para la Jornada Mundial de la Alimentación 2011, Roma).
El mensaje anterior, por la autoridad de quien emana, es traído a consideración con la idea de sugerir hacer un alto ante la vorágine del ritmo informativo y publicitario ligado al mundo del “agronegocio”. No es el primer mensaje que el Papa dirige a la FAO en la celebración del Día Mundial de la Alimentación (16 de octubre) en tono de crudeza, advirtiendo –sin decirlo- que la prueba del hambre creciente sólo prueba el fiasco de la organización estatal e internacional. Con cierta licencia se tomarán dos temas apuntados en el mensaje papal, para anotarlos con referencias jurídicas.
El alimento es más que una mercancía.
El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en nuestra legislación, posee jerarquía constitucional. El mismo reconoce el “derecho a la alimentación”, cuya contracara son los deberes que asumen los Estados Partes de: a) mejorar los métodos de producción, conservación y distribución de alimentos mediante la divulgación de principios sobre nutrición y “el perfeccionamiento o la reforma de los regímenes agrarios de modo que se logre la explotación y la utilización más eficaces de las riquezas naturales”; y b) asegurar una distribución equitativa de los alimentos mundiales. Este pasaje del Pacto es sustancial en contenidos. Alude a perfeccionar o reformar los regímenes agrarios; la Argentina ha adoptado plenamente la matriz de la agricultura llamada “convencional” o “industrial”, cuya viabilidad ambiental ha sido puesta en duda con el dictado de algunas ordenanzas locales que prohibieron el uso total de agroquímicos y de sentencias que convalidaron esas normas. Una interpretación funcional de la legislación de presupuestos mínimos ambientales puede limitar la falta de consideración de los pasivos ambientales que genera el proceso de agriculturización desorganizada del país, en base a los objetivos legales de promover el uso racional y sustentable de los recursos naturales y asegurar la conservación de la diversidad biológica.
El alimento sujeto a finalidades no alimentarias.
Si bien no se alude expresamente en el “Mensaje” a los biocombustibles, es forzoso referirse a ellos por cuanto han sido objeto genérico de la Declaración de la Conferencia de Alto Nivel sobre la Seguridad Alimentaria Mundial (Roma, 5 de junio de 2008), al expresar lacónicamente que “estamos aquí para abordar los desafíos de la bioenergía y del cambio climático”. Nada más. Entre los pasajes más significativos que se vinculan al asunto se puede leer el que alude a las medidas que resulta “vital combinar” (no hay ningún deber asumido), en el caso “el mantenimiento de la biodiversidad es fundamental para sostener el rendimiento futuro de la producción”. Lo anterior refleja la necesidad de reglamentar la actividad agrícola, apuntando a la limitación de los monocultivos en grandes áreas y el urgente y efectivo freno a la expansión de la frontera agrícola, dentro de un cuerpo legal amplio y adecuado –podría ser un código rural nacional-, que contemple las reglas de la agroecología. El “Mensaje” de Benedicto XVI exhorta a un cambio interior, que derive en la sobriedad en el consumo; respecto al uso de energía, por ejemplo, de proseguir su crecimiento desordenado, ¿cuándo los cultivos destinados a la alimentación cederán espacio a los que se apliquen a la bioenergía? ¿No estará ocurriendo ya ese escenario, que desmiente las políticas alimentarias globales y nacionales basadas en principios discutidos como el del desarrollo sustentable? Gustavo J. Apesteguía
