Se
reproduce en varias partes un trabajo de 2009 –inédito-, que marca los puntos de conflicto entre
la matriz productiva de la agricultura actual con la “agroecología”.
Introducción.
La Argentina definió en 2007 qué camino seguir: repensar su matriz de producción agropecuaria o bien seguir avanzando en la agricultura industrial, con caída progresiva del número de productores y extensión del monocultivo. La promulgación de la ley 26.270 promueve la biotecnología moderna en nuestro país, con una decisión política previa que le sirve de antecedente, el Plan Estratégico para el Desarrollo de la Biotecnología Agropecuaria 2005-2015 (SAGPyA, 2004). El objetivo central de la ley consiste en arribar a “los proyectos que impliquen un impacto tecnológico fehaciente y cuyos titulares demuestren solvencia técnica y capacidad económica y/o financiera para llevarlos a cabo y que cumplan con los requisitos de bioseguridad establecidos por la normativa vigente”.
Lo que siguió luego es harto conocido, una reformulación de las posturas que se remontan desde comienzos de la década pasada. Los insumos tecnológicos y el sistema de patentes comerciales traerán mayores rindes, disminuirán la crisis alimentaria planetaria y mejorarán nuestro alicaído ambiente; por todos, vale el siguiente párrafo: “Pero en los últimos tiempos, muchos agricultores europeos se están dando cuenta de que la utilización de semillas genéticamente modificadas los beneficiaría por aumento de rendimientos y baja de costos. En cuanto al aspecto ecológico, se está comprendiendo que las variedades transgénicas permiten reducir la utilización de herbicidas y plaguicidas, generalmente muy tóxicos y perjudiciales para el medio ambiente. Y ahora aparece un argumento de mayor peso: ¿es admisible que se renuncie a un aumento de producción de granos en un mundo hambriento?” (Juan Alemann, La Nación, 2/06/08). En contra pueden leerse los trabajos de algunos autores (Pengue y Altieri, entre otros), y las causas judiciales diseminadas en el territorio nacional sobre desmontes, impacto de agroquímicos e inocuidad de los OGM.
¿Qué le incumbe al Derecho en éstos asuntos? Apenas se lee el art. 2 de la ley 25.675, deberíamos pensar cómo aseguramos el mejoramiento de la calidad de los recursos naturales. Parece utópico, pero es ley vigente. Eso está dentro de un régimen de presupuestos mínimos, asunto no menor, con una proyección nacional: ¿las resoluciones de la SAGPyA, del SENASA y demás reparticiones con competencia directa e indirecta en la materia agraria, que regulan temas alimentarios, de agroquímicos y biotecnológicos, cumplen con la exigencia de “mejorar” el ambiente? A no olvidarlo: los arts. 3 y 4 consagran la congruencia hermenéutica, una especie de supremacía legal.
Se propone en ésta colaboración una reactualización de la teoría agrobiológica, tomando como punto de referencia la primera edición de una de las obras de Miguel Altieri –en coautoría con Clara Nicholls- publicada por el PNUMA (Agroecología. Teoría y práctica para una agricultura sustentable, 2000). Creemos que hay demasiados puntos de conexión entre la clásica doctrina iusagrarista y los postulados de la “agroecología”, lo cual permite eludir muchos dogmas y slogans provenientes de instituciones económicas y la prensa solventadas por las empresas implicadas en el problema, amplificadas en diversas normas del orden jurídico en el plano general (por ejemplo, promover el desarrollo sustentable, en lo que todos estamos de acuerdo).
Se advierte que los párrafos que siguen obviarán cuestiones lindantes con la producción granaria per se. Nos limitaremos, por razones de espacio, al punto específico del aumento de productividad gracias al desarrollo tecnológico; temas como el de la disminución de cantidad de productores y la “extranjerización” del suelo rural merecen ser sumados, tal como lo hace la Agroecología.
La década pasada vio un salto en los rindes de cereales y oleaginosas, gracias a diversos componentes tecnológicos: la mayor difusión de la siembra directa, la incorporación de maquinaria de mayor tamaño y complejidad, el aumento de uso de fertilizantes y agroquímicos, la incorporación de tecnologías de gestión de empresas y el crecimiento del uso de transgénicos (Barsky-Dávila). Reconocida ésta realidad, no escasean voces que denuncian daño ambiental de los agroquímicos y merma -por usar un término moderado- de la biodiversidad por los sucesivos eventos de OGM. Gustavo J. Apesteguía
